LAS DEUDAS PRIVADAS SE TRANSFORMAN EN PÚBLICAS
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| Alvaro Anchuelo. Diputado nacional de UPyD. |
Hoy se ha cerrado finalmente un círculo que comenzó a trazarse hace más de cinco años. Antes de la crisis, las cajas de ahorro españolas captaron ingentes cantidades en el extranjero, que invirtieron en el entonces pujante sector inmobiliario español. Al explotar la burbuja, los activos de las cajas perdieron valor bruscamente, pero las deudas (con prestamistas sobre todo del resto de la Unión Europea, alemanes, franceses…) seguían ahí íntegras, ahora imposibles de pagar.
Si de verdad se creyese en el cumplimiento de la reglas del mercado, la forma de proceder habría estado clara. Cuando una empresa quiebra, sus dueños pierden lo invertido, y con el resto se paga a los acreedores hasta donde se puede. Es decir, se tendrían que haber liquidado las entidades no viables, haciendo recaer el coste sobre sus dueños y sus acreedores, que habían seleccionado libremente a quién prestar, protegiendo únicamente a los depositantes, que gozaban de una garantía pública hasta 100 000 euros por cuenta. Podría haberse hecho alguna excepción en entidades sistémicas, por sus efectos sobre el conjunto de la economía, nacionalizándolas, saneándolas y volviendo a privatizarlas. Pero, con la excepción de Bankia (convertida en sistémica por las fusiones), el resto de sistémicas no han sido protagonistas de los problemas.
Esa no es la vía que se ha seguido, evidentemente. Pues suponía poner en evidencia a los gestores politizados de esas cajas, reconocer el desastre de su gestión, dejar a poderosas comunidades autónomas sin sus bancos regionales, hacer recaer pérdidas sobre poderosos acreedores internacionales…
Se optó por el camino de la socialización de pérdidas, de mantener a todas las entidades en pie y pagar a todos los acreedores. Eso sí, a costa de los débiles ciudadanos, a costa del sufrido contribuyente. Para ello, un paso decisivo consistió en avalar las nuevas emisiones de deuda de las cajas. Cuando vencían los primeros créditos no garantizados, para que se refinanciasen (se volviesen a suscribir) se sustituían por otros con el aval del Estado. Esos avales que el sr. Zapatero y sus ministros nos decían que eran un gran negocio, pero que implican que, en caso de impago de la entidad, ahora el Estado responda en su lugar.
Ni siquiera esa forma de ganar tiempo bastó. Fracasó la estrategia de la huida hacia adelante, que también incluyó las fusiones entre malas entidades basadas en criterios políticos y la recapitalización de las entidades con problemas mediante el ahorro engañosamente captado de los pequeños inversores españoles (acciones de Bankia, preferentes…).
Por ello, hoy se consuma la transmutación de deudas privadas en públicas. Las entidades se librarán de sus activos problemáticos, que irán a los llamados “bancos malos”. Sólo hay dos escenarios posibles. En el primero, los activos tóxicos se ceden al “banco malo” a precios realistas, de mercado. En ese caso, el “banco malo” puede no resultar muy costoso, pero se reconocerán unas pérdidas enormes en la entidad que los cede, que a continuación se cubrirán con capital público. En el segundo, aún peor, los activos tóxicos se ceden a precios artificialmente altos. De proceder así, la recapitalización pública sería modesta, pero el contribuyente sufriría las pérdidas directamente en el “banco malo”. Como se ve, todos los caminos conducen al mismo sitio: a nuestros bolsillos.
Ahora sí van a repercutirse parte de las pérdidas sobre algunos agentes privados, es lo que el ministro ha llamado el “reparto de la carga de la reestructuración”. Pero, como él ha precisado, esto se aplicará a los accionistas y dueños de preferentes (mayoritariamente pequeños inversores españoles). No así a los grandes acreedores internacionales, que recuperarán todo su dinero.
Eso sí, lo recibirán gracias a fondos que sus gobiernos nos habrán prestado previamente, con lo que se cierra el círculo. Resultado final: el conjunto de los españoles tenemos ahora esas deudas frente a poderosos gobiernos europeos. Con el agravante de que PP Y PSOE modificaron incluso nuestra Constitución en 24 horas, presionados por esos mismos gobiernos, de forma que (art. 135.3) “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos Y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA”. Repito: absoluta. Es decir, por encima de las necesidades de enfermos, ancianos o niños. Lo que eso significa en la práctica, ya hemos empezado a vivirlo.
