lunes, 21 de mayo de 2012

Nuevo modelo de actuación política castellano-manchega (por Juan Andrés Buedo)

Ha coincidido prácticamente el término de mi última obra (que lleva por título Estrategias de emprendimiento para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha) con la entrevista dominical que realiza Voces de Cuenca –Jesús Huerta- al delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca –Rogelio Pardo-, bajo el titular de "aspiramos a que Cuenca conserve sus titulaciones universitarias y a ampliarlas cuando podamos", al que acompaña como subtítulos destacados la afirmación de que estudiarán "caso por caso" la reagrupación en colegios rurales de las aulas unitarias con menos de diez alumnos; y, por otro lado, se muestra como no partidario de la fusión de municipios.

Si algo me inspira este dirigente popular en sus respuestas a los temas sobre los que especula el periodista es una futilidad política conservadora que, como he demostrado en otras obras y artículos, someten a Cuenca en el inmovilismo ante el desarrollo y el progreso económico, social y político desde hace muchas décadas. Por ningún lado nuestros representantes moderados populares responden a la demanda de un esquema prestacional coherente con el nuevo modelo de organización administrativa y un proyecto ineludible de cambio social. Más directamente, nuestras autoridades, frente a los viejos modelos burocráticos que llevan implantando en las dos décadas y media últimas, han de repromover e instaurar un nuevo y particular ámbito de promoción económica, reflejado en diversas opciones político-ideológicas, que se diferencian siempre en función de la preeminencia de instrumentos de carácter mercantil, público o comunitario, a partir de un conjunto heterogéneo de preferencias y ventajas concedidas a estos efectos.

Ese modelo es factible diseñarlo desde la práctica implantada ya en numerosos municipios, entre los que sobresalen los municipios catalanes del Baix Llobregat Nord (Abrera, Collbató, Esparreguerra, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca y Sant Esteve Sesrovires) por el Equip d´Anàlisi Política y Francesc Castellana, Joan Rodríguez, Josep Mª Camós y Rosario Torres (SOGECO, SA) ('Diseño de políticas de promoción económica local:el caso del Baix Llobregat Nord'). Asimismo la reestructuración de los objetivos de las políticas locales como proceso de politización, puede conducirse desde la guía del estudio titulado 'Análisis de una política de regeneración urbana: el caso de Ciutat Vella (Barcelona)'.

La perspectiva de Pardo, que abunda en las respuestas de otros compañeros suyos a la reagrupación de municipios en la provincia de Cuenca, juzgándola como innecesaria, entiende que "no habría un ahorro económico importante si hubiera una fusión, porque lo cierto es que los alcaldes de los pequeños pueblos no están cobrando, da igual tener cincuenta alcaldes que cien porque cobrarían o mismo". Cree que "tenemos que tender a fusionar servicios y no a unir municipios que perderían su propia identidad". No ve que la más reciente Ciencia Política y de la Administración demanda postburocracización de los servicios municipales, la cual exige incorporar el utillaje del pensamiento estratégico (identificación de los agentes críticos, liderazgo organizativo, roles anticipativos y planificación medio y largoplacista, entre otros muchos), pero también fomentar las actitudes relacionales por cuanto, como señaló Vallés al comienzo de la obra dirigida por Brugué y Gomà, los gobiernos locales al formar parte del "entramado de la sociedad red" subvierten "(...) las tradicionales jerarquías estructuradas sobre la preeminencia del Estado-nación".

Esa obra, Gobiernos Locales y Políticas Públicas. Bienestar social, promoción económica y territorio, cuya coordinación corrió a cargo de los profesores del Departamento de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Quim Brugué y Ricard Gomà, publicada en 1998 por la Editorial Ariel, junto al libro El sistema político local: un nuevo escenario de gobierno, coordinado por los profesores Carlos Alba y Francisco J. Vanaclocha (Universidad Carlos III de Madrid), exponen diversos proyectos de renovación de los modos de hacer política en nuestro país y de legitimarlos democráticamente.

De acuerdo con los reseñados especialistas en Ciencia Política y de la Administración, estimo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha de poner en marcha un modelo de integración de políticas que, desde el simétrico análisis empírico, disponga una propuesta voluntarista con base en la realidad. En este sentido, mi consejo es el del esquema triangular de Xurigué, como ya hice años atrás para el caso específico de Cuenca. Es decir, un positivo y eficiente reflejo de las interacciones mutuas entre las políticas sectoriales exploradas en el recorrido sociológico y económico que he librado durante 2011, con aportaciones particulares y los tres objetivos interactivos, resultados de los compromisos asumidos desde la lógica de la 'integración sinérgica' a partir de los escritos de J. Xurigué, que son los siguientes:
  • la integración económica de las relaciones sociales,
  • la integración territorial de las relaciones económicas y, por último,
  • la integración social de las relaciones territoriales.
Situados en el año 2012, la combinación de reforma del Estado y la globalización acentúa una nueva dinámica en los gobiernos locales, dotándolos con mayores competencias y con análogos recursos, pero, a la vez, con una mayor evaluación por parte de la sociedad. La cuestión que se plantea es en qué medida estas innovaciones son una adecuación a la óptima articulación, descarga de tareas y responsabilidades del Estado nacional y autonómico hacia las provincias y los municipios, con una competente descentralización y una mayor participación de los ciudadanos a través de las gestiones locales.

La introducción de mi obra sobre Estrategias de emprendimiento (…) anuncia que en este nuevo escenario de "localismo cosmopolita" se articulan al mismo tiempo un aumento de las actividades municipales con un mayor protagonismo de ellas, y de las expectativas de la población con fenómenos de depresión y estancamiento de la corporación. De este modo se produce, por un lado, una revitalización de la gestión local y, por otro, el municipio aparece como un punto de concentración de la fragmentación social, de la protesta, de la crisis de mediaciones y de la falta de recursos. De esta manera, los Ayuntamientos de las ciudades castellano-manchegas con una población superior a los 15.000 habitantes tienen que salir a resolver los variados problemas que les exigen pronta resolución, a través de unos estilos políticos categóricos y de nuevas prácticas necesarias para ejecutar políticas sociales más modernas que las actuales, tratando así de concertar o articular de la mejor manera las relaciones entre la gestión pública y la sociedad civil.

La efectiva realización de políticas sociales por el gobierno municipal no depende exclusivamente del grado de profesionalización del equipo que la lleva adelante, ni de la voluntad política del alcalde o concejal responsable o de las intervenciones de las organizaciones sociales. La aplicación de programas y políticas sociales se concreta en la articulación que se dé entre los planos técnicos, políticos y sociales: la capacidad técnica o nivel de profesionalización de la administración, los estilos de gestión política y los niveles de participación de las organizaciones de la sociedad civil.

El mensaje final de la presente exploración politológica, emplazado en perspectivas distintas y plataformas más progresistas que las de Rogelio Pardo, se asienta en una visión donde el peso y el reconocimiento institucional de los municipios y el desarrollo de la Autonomía Local, no han crecido en España en paralelo al desarrollo y consolidación del Estado de las Autonomías. Por esto el municipalismo castellano-manchego sigue teniendo retos muy importantes, tanto en la definición del marco competencial como en el modelo de financiación, tal y como se recoge en la Carta de Vitoria elaborada por la FEMP, documento que reivindicó un mejor estatus para los ayuntamientos españoles. Con ello, desde los análisis de trasformación autonómica realizados por UPyD, un instrumento ha de agregarse al nuevo escenario político castellano-manchego.

En éste lo rural y lo urbano se configuran como escenarios políticos de primera magnitud, en donde se despliegan un haz de políticas y de actuaciones de impacto que requieren una coordinación horizontal y transversal. Lo local, pues, va a desempeñar un lugar estratégico en lo que se podría definir como nuevas políticas sociales concertadas. Y la universalización del bienestar social encuentra en el municipio el escenario político y su oportunidad.


Juan Andrés Buedo
Miembro de la Ejecutiva de UPyD de Castilla La Mancha.
Asesor del Consejo Local de UPyD de Cuenca.

miércoles, 16 de mayo de 2012

REFORMA ELECTORAL EN CASTILLA LA MANCHA. UPYD.

15/05/12

domingo, 6 de mayo de 2012

“PP y PSOE usan para su provecho el cierre de las Oficinas de Vivienda”


Antonio Ortiz, Coordinador Local de UPyD Cuenca
3 de Mayo de 2012
UPyD CLM.  Sobre el cierre de las Oficinas de Vivienda de CLM.

“PP y PSOE usan para su provecho la triste situación de 81 personas y el cierre de un servicio que nació a destiempo pero bien, funcionó de forma excepcional y se cierra de malas formas y tarde”

Para UPyD la gestión sobre las Oficinas de Vivienda reafirma la “apatía y simplicidad” en la forma de gobernar del Ejecutivo regional y en ningún caso se asemeja a una gestión, ni buena ni mala, sino inexistente.
Las Oficinas de vivienda fueron un medio de gestión ideado en muchas CCAA y Ayuntamientos acorde al boom inmobiliario. En CLM comenzaron en el año 2006, es decir tarde, muy tarde, para crear y desarrollar el Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública, potenciar y facilitar el acceso a las mismas y publicitar y gestionar las diferentes líneas de ayuda en materia de vivienda que incluían los planes Estatales y regionales de vivienda, siempre dando apoyo humano y técnico de las Delegaciones Provinciales.

Pese a ser puestas en funcionamiento tarde, han desarrollado una labor impecable que les llevó a ser incluidos en el año 2009 como finalistas en el IV Premio Excelencia y calidad de los Servicios Públicos, por Mejores Practicas en la Gestión como servicio de calidad, ágil y eficiente, lo cual fue en gran medida a la envidiable y elogiada gestión sobre la RBE (Renta básica de Emancipación) los famosos 210€ para los jóvenes emancipados menores de 30 años.
Para Unión Progreso y Democracia, la posición mas coherente y sincera en este asunto la han mantenido y la mantienen los propios trabajadores de las Oficinas de Vivienda, que ven como desde la política se quiere sacar una ventaja para unos u otros, mientras ellos los perjudicados han guardado un respetuoso silencio incluso habiendo estado hasta 4 meses sin recibir sus nóminas, negociando un ERE de extinción y enfrentándose a un futuro dentro de un mercado laboral carente de las mas mínimas oportunidades, al igual que casi ya 5,5 millones de ciudadanos.
Así la gran mayoría de los miembros de la plantilla, son conscientes y aceptan su situación pero son muy críticos con las formas y proceder de la administración autonómica y en parte de la empresa y si bien consideran que su función era necesaria, hoy por hoy no es primordial viendo los recortes que en otros sectores como sanidad, educación y servicios sociales se están acometiendo y a la vez ser conscientes que la actual legislación en materia  de vivienda hace carecer de contenido el funcionamiento  de las oficinas. Esta actitud dignifica al colectivo de trabajadores de estas oficinas.
Para UPyD las razones dadas por el Consejero de Administraciones públicas de CLM Leandro Estaban no dejan de ser unas “verdades falsas” que ponen de manifiesto la dejadez y la incompetencia que ha demostrado este nuevo gobierno autonómico desde mayo del 2011. Mientras se presume de la falsedad de ahorrar casi 6 millones de €, se esconde la verdad del despilfarrado de 4,5 millones por haber retrasado el cierre de estos centros ya que en el último año (desde el pasado abril del 2011), su contenido quedó vacío por la ausencia de materias que gestionar. Para UPyD el gobierno de Cospedal no ha ahorrado, sino que ha dilapidado más de 4 millones de euros en un año de tira y afloja con la empresa adjudicataria del servicio, Tecnitasa SA, hasta casi ahogarla y llevarla a la ruina. La Junta dejó de abonar certificaciones a la empresa Tecnitasa SA desde mayo del 2011, haciéndose cargo la adjudicataria de todos los costes del servicio. Durante este tiempo la Consejería de Fomento y la Dirección General de Vivienda han mantenido una actitud bastante cobarde con plantones a reuniones con la empresa, divagaciones en el futuro del servicio y falta de sinceridad de la necesidad de cerrar un servicio que cumplió su misión y sin duda por desconocimiento de que hacer; es decir, incompetencia que pone el mismo Consejero, el Sr. Esteban, al afirmar según sus propias palabras que la Junta toma el control de las oficinas de vivienda, un alarde que muestra el desconocimiento de la realidad por este gobierno y reconociendo que durante un año no han sabido que hacer.

A todo esto se une la incongruencia de criterio político del PP, ya que en todas o casi todas las CCAA donde gobiernan, existe este servicio externalizado que ha generado y sigue generando unos costes muy superiores a los que supuestamente se han producido en nuestra región. La decisión del gobierno de Cospedal ha sido oportunista por la situación económica, de carambola por no saber dar otra salida y cínicamente argumentada en un falso ahorro. Estas afirmaciones están basadas en que en octubre pasado se intentó reducir el servicio en un 50% y seguir manteniéndolo, lo cual quedó descartado porque daba lugar a contravenir la Ley de contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento. Esto echa por tierra la excusa del ahorro; descubre la carambola de su final y hace ver el cinismo en las declaraciones públicas del Consejero de Administraciones Públicas.

Para UPyD tampoco no deja de ser rocambolesca y oportunista la postura del PSOE. Bajo su gobierno es cierto que se crearon en Castilla La Mancha estas oficinas en el año 2006, pero también es cierto que su continuación fue aprobada por el mismo gobierno de Barreda en el 2010 por otros 3 años hasta el 2013 y prorrogables por otros 3 años hasta el 2016. Criticar ahora al cierre y el despido de los trabajadores es sacar partido al daño ajeno cuando se obvió la realidad del sector, como se negó la crisis, generando unas expectativas irreales tanto a la empresa adjudicataria y a sus empleados los cuales son los verdaderos afectados y conscientes de que era alargar una agonía.
Ahora vinculan el cierre de estas oficinas y el despido de 81 personas al cambio que el PP realiza en unas políticas sobre Planes de Vivienda tanto Estatales como autonómicos que hasta hace meses estaban en manos del PSOE y que son las causantes de parte de la situación por omisión. Así para UPyD el cierre de estas oficinas son la muestra mas real de haberse practicado políticas equivocadas y ajenas al estallido de la “burbuja Inmobiliaria” en materia de vivienda protegida, ya que han favorecido la especulación en un tipo de vivienda que simplemente sirve para cumplir un mandato constitucional de facilitar una vivienda digna a todo ciudadano.
UPyD defiende una política en materia de vivienda protegida reorientada exclusivamente al mercado del alquiler fomentando el acceso a la vivienda en alquiler con el incremento del parque público y privado de este tipo de viviendas lo que incluye impulsar empresas municipales o de otro nivel para propiciar la concertación entre el sector público y privado estimulando fiscalmente promociones privadas y gestoras de cooperativas para desarrollar viviendas protegidas en régimen de alquiler y dando salida a las miles de viviendas vacías sin un destino actual claro salvo envejecer. Este sistema debería estar reforzado sin duda con un claro control de cumplimiento de condiciones posteriormente a la adjudicación, lo que hasta ahora haya gobernado el PP o el PSOE ha sido olvidado totalmente tanto en materia de alquiler como en compraventa, habiendo sido un agujero sin fondo la concesión de ayudas a la adquisición de VPO que actualmente están en el mercado negro del alquiler, vacías o esperando mejores momentos para especular. En este nuevo escenario en materia de vivienda que UPyD lleva años proponiendo,  es muy probable que entes como las oficinas de vivienda u análogos hubiesen sido necesarias como apoyo a la administración.

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