“PP y PSOE usan para su provecho el cierre de las Oficinas de Vivienda”

Antonio Ortiz, Coordinador Local de UPyD Cuenca

3 de Mayo de 2012

UPyD CLM.  Sobre el cierre de las Oficinas de Vivienda de CLM.

“PP y PSOE usan para su provecho la triste situación de 81 personas y el cierre de un servicio que nació a destiempo pero bien, funcionó de forma excepcional y se cierra de malas formas y tarde”

Para UPyD la gestión sobre las Oficinas de Vivienda reafirma la “apatía y simplicidad” en la forma de gobernar del Ejecutivo regional y en ningún caso se asemeja a una gestión, ni buena ni mala, sino inexistente.

Las Oficinas de vivienda fueron un medio de gestión ideado en muchas CCAA y Ayuntamientos acorde al boom inmobiliario. En CLM comenzaron en el año 2006, es decir tarde, muy tarde, para crear y desarrollar el Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública, potenciar y facilitar el acceso a las mismas y publicitar y gestionar las diferentes líneas de ayuda en materia de vivienda que incluían los planes Estatales y regionales de vivienda, siempre dando apoyo humano y técnico de las Delegaciones Provinciales.

Pese a ser puestas en funcionamiento tarde, han desarrollado una labor impecable que les llevó a ser incluidos en el año 2009 como finalistas en el IV Premio Excelencia y calidad de los Servicios Públicos, por Mejores Practicas en la Gestión como servicio de calidad, ágil y eficiente, lo cual fue en gran medida a la envidiable y elogiada gestión sobre la RBE (Renta básica de Emancipación) los famosos 210€ para los jóvenes emancipados menores de 30 años.

Para Unión Progreso y Democracia, la posición mas coherente y sincera en este asunto la han mantenido y la mantienen los propios trabajadores de las Oficinas de Vivienda, que ven como desde la política se quiere sacar una ventaja para unos u otros, mientras ellos los perjudicados han guardado un respetuoso silencio incluso habiendo estado hasta 4 meses sin recibir sus nóminas, negociando un ERE de extinción y enfrentándose a un futuro dentro de un mercado laboral carente de las mas mínimas oportunidades, al igual que casi ya 5,5 millones de ciudadanos.

Así la gran mayoría de los miembros de la plantilla, son conscientes y aceptan su situación pero son muy críticos con las formas y proceder de la administración autonómica y en parte de la empresa y si bien consideran que su función era necesaria, hoy por hoy no es primordial viendo los recortes que en otros sectores como sanidad, educación y servicios sociales se están acometiendo y a la vez ser conscientes que la actual legislación en materia  de vivienda hace carecer de contenido el funcionamiento  de las oficinas. Esta actitud dignifica al colectivo de trabajadores de estas oficinas.

Para UPyD las razones dadas por el Consejero de Administraciones públicas de CLM Leandro Estaban no dejan de ser unas “verdades falsas” que ponen de manifiesto la dejadez y la incompetencia que ha demostrado este nuevo gobierno autonómico desde mayo del 2011. Mientras se presume de la falsedad de ahorrar casi 6 millones de €, se esconde la verdad del despilfarrado de 4,5 millones por haber retrasado el cierre de estos centros ya que en el último año (desde el pasado abril del 2011), su contenido quedó vacío por la ausencia de materias que gestionar. Para UPyD el gobierno de Cospedal no ha ahorrado, sino que ha dilapidado más de 4 millones de euros en un año de tira y afloja con la empresa adjudicataria del servicio, Tecnitasa SA, hasta casi ahogarla y llevarla a la ruina. La Junta dejó de abonar certificaciones a la empresa Tecnitasa SA desde mayo del 2011, haciéndose cargo la adjudicataria de todos los costes del servicio. Durante este tiempo la Consejería de Fomento y la Dirección General de Vivienda han mantenido una actitud bastante cobarde con plantones a reuniones con la empresa, divagaciones en el futuro del servicio y falta de sinceridad de la necesidad de cerrar un servicio que cumplió su misión y sin duda por desconocimiento de que hacer; es decir, incompetencia que pone el mismo Consejero, el Sr. Esteban, al afirmar según sus propias palabras que la Junta toma el control de las oficinas de vivienda, un alarde que muestra el desconocimiento de la realidad por este gobierno y reconociendo que durante un año no han sabido que hacer.

A todo esto se une la incongruencia de criterio político del PP, ya que en todas o casi todas las CCAA donde gobiernan, existe este servicio externalizado que ha generado y sigue generando unos costes muy superiores a los que supuestamente se han producido en nuestra región. La decisión del gobierno de Cospedal ha sido oportunista por la situación económica, de carambola por no saber dar otra salida y cínicamente argumentada en un falso ahorro. Estas afirmaciones están basadas en que en octubre pasado se intentó reducir el servicio en un 50% y seguir manteniéndolo, lo cual quedó descartado porque daba lugar a contravenir la Ley de contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento. Esto echa por tierra la excusa del ahorro; descubre la carambola de su final y hace ver el cinismo en las declaraciones públicas del Consejero de Administraciones Públicas.

Para UPyD tampoco no deja de ser rocambolesca y oportunista la postura del PSOE. Bajo su gobierno es cierto que se crearon en Castilla La Mancha estas oficinas en el año 2006, pero también es cierto que su continuación fue aprobada por el mismo gobierno de Barreda en el 2010 por otros 3 años hasta el 2013 y prorrogables por otros 3 años hasta el 2016. Criticar ahora al cierre y el despido de los trabajadores es sacar partido al daño ajeno cuando se obvió la realidad del sector, como se negó la crisis, generando unas expectativas irreales tanto a la empresa adjudicataria y a sus empleados los cuales son los verdaderos afectados y conscientes de que era alargar una agonía.

Ahora vinculan el cierre de estas oficinas y el despido de 81 personas al cambio que el PP realiza en unas políticas sobre Planes de Vivienda tanto Estatales como autonómicos que hasta hace meses estaban en manos del PSOE y que son las causantes de parte de la situación por omisión. Así para UPyD el cierre de estas oficinas son la muestra mas real de haberse practicado políticas equivocadas y ajenas al estallido de la “burbuja Inmobiliaria” en materia de vivienda protegida, ya que han favorecido la especulación en un tipo de vivienda que simplemente sirve para cumplir un mandato constitucional de facilitar una vivienda digna a todo ciudadano.

UPyD defiende una política en materia de vivienda protegida reorientada exclusivamente al mercado del alquiler fomentando el acceso a la vivienda en alquiler con el incremento del parque público y privado de este tipo de viviendas lo que incluye impulsar empresas municipales o de otro nivel para propiciar la concertación entre el sector público y privado estimulando fiscalmente promociones privadas y gestoras de cooperativas para desarrollar viviendas protegidas en régimen de alquiler y dando salida a las miles de viviendas vacías sin un destino actual claro salvo envejecer. Este sistema debería estar reforzado sin duda con un claro control de cumplimiento de condiciones posteriormente a la adjudicación, lo que hasta ahora haya gobernado el PP o el PSOE ha sido olvidado totalmente tanto en materia de alquiler como en compraventa, habiendo sido un agujero sin fondo la concesión de ayudas a la adquisición de VPO que actualmente están en el mercado negro del alquiler, vacías o esperando mejores momentos para especular. En este nuevo escenario en materia de vivienda que UPyD lleva años proponiendo,  es muy probable que entes como las oficinas de vivienda u análogos hubiesen sido necesarias como apoyo a la administración.

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