UPyD Cuenca reproduce este artículo pulicado en el blog ¿hay derecho?, obra de nuestro compañero Ramon Marcos, miembro electo de la Asamblea de Madrid desde el pasado 22 de mayo.
Un análisis de como los parlñamentos autonómicos han creado y mantienen unos privilegios desmesurados para la "casta política".
Es cínico ver como se solicitan y aprueban desde sus sillones sacrificios para los ciudadanos. Recortes en educación, sanidad, obras y servicios públicos y ayudas a colectivos necesitados.
Necesitariamos saber si en nuestra Región, en Castilla la Mancha existen similares privilegios, es fácil adivinar que si, si no los mismos tros similares. Mientras sufriremos el aplastante Plan de Ajuste de la Sra. Cospedal.
UPyD mantiene la coherencia una vez que sus candidatos acceden a las instituciones y no dudan en hacer públicos los escandalosos privilegios que se ahn autoimpuesto durante años nuestros políticos, un ejemplo es este fantástico artículo.
PP, PSOR e IU mantenian esta situación, ojala UPyD la pueda cambiar si los ciudadanos confian aun mas en nosotros. Otra forma de hacer política es posible.
Consejo Local de UPyD de Cuenca.
21 septiembre, 2011 - Por
Ramón Marcos Allo, diputado en la Asamblea de Madrid por UPYD.
Una opinión crítica muy valiosa, dado el cargo que ocupa el autor.
Desmesuras institucionales:los parlamentos autonómicos
La situación de España es complicada. Hay una profunda crisis económica que, como ya se ha subrayado, está agravada por la crisis política e institucional que padecemos. En este blog se han contado múltiples ejemplos de la deriva autonómica y de los errores que se han producido por tratar de reproducir en cada autonomía un mini estado. Continuando con la serie, voy a exponer otro ejemplo más de los defectos institucionales que nos llevan a ineficiencias y gastos innecesarios: los que afectan a los parlamentos autonómicos, que estoy conociendo en primera persona desde que salí elegido diputado el pasado veintidós de mayo en la Asamblea de Madrid.
La Constitución española previó, para aquellas Comunidades que hubieran accedido a la autonomía bien porque hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y contasen, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía (Cataluña, País Vasco, Galicia) o bien por el procedimiento agravado de su artículo 151 (Andalucía), un sistema institucional completo que incluía una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal. Sin embargo, para el resto de las Comunidades, que accedían por el régimen ordinario, la Asamblea no era un requisito institucional necesario. Pese a lo cual, todas optaron en sus estatutos por tener una, que aunque inicialmente eran sencillas, con la asunción de nuevas competencias, se fueron profesionalizando y asimilando al Congreso de los Diputados en su estructura y funcionamiento.
En principio no habría nada que objetar a ese desarrollo ya que en todos los Estatutos se establecieron competencias legislativas y para ejercerlas es necesario un parlamento. El problema ha sido su desarrollo posterior. Ya se sabe que el órgano hace la función, pero en este caso la función se ha desbordado. Esas Asambleas han pretendido emular a las Cortes Generales y se han puesto a legislar de manera alocada, y con escasa calidad (muchas de sus leyes no dan ni para ordenes ministeriales), dictando miles de normas que han roto el mercado interior y dificultado la libertad de circulación de los trabajadores. Por otra parte, y como símbolo del nuevo poder, han construido hermosos y caros edificios al lado muchas veces del de la diputación provincial o del ayuntamiento, con lo que pequeñas autonomías tienen hasta tres instituciones que mantener con los esforzados impuestos de sus ciudadanos.
Como consecuencia de esa emulación, un diputado de la Asamblea de Madrid cuesta unos doscientos setenta y un mil euros al año, poco menos de lo que cuesta uno en el Congreso de los Diputados, doscientos ochenta mil, a pesar de que la población de Madrid no llega a siete millones de habitantes mientras que la de España supera los cuarenta y seis millones. Claro que hay casos peores, en Cataluña el coste roza los quinientos mil, para siete millones, o en el País Vasco cuatrocientos ochenta mil, para poco más de dos millones. Así, sólo en mantener los parlamentos autonómicos se supera la cifra de cuatrocientos millones de euros al año.
Estos son datos generales que tienen su reflejo en el caso particular de la Asamblea de Madrid. La cual está ubicada en un moderno, pero disfuncional edificio -la acústica del Pleno es desastrosa-, y caro de mantener; y cuenta con un elevado número de personal, alguno ciertamente muy cualificado y eficiente, pero entre el que hay un exceso de eventuales (colocados a dedo), en puestos de escasa justificación salvo para que el Grupo con mayoría en la Mesa (el órgano de gobierno de la Asamblea) pueda repartir puestos de trabajo entre sus afines, y de personal auxiliar con funciones solo entendibles desde una concepción arcaica de la tarea de diputado. En cuanto a su funcionamiento, un botón de muestra de su arbitrariedad, como julio es inhábil según el Estatuto para el trabajo parlamentario, la Mesa decidió habilitarlo a efectos legislativos en junio para dar pruebas de trabajo, sin embargo en septiembre, que es hábil por Ley, no prevé nada relevante salvo la comparecencia de unos consejeros que aún no habían comparecido ante los diputados, a pesar de que han pasado casi cien días desde su nombramiento.
Pero además en la Asamblea de Madrid hay privilegios. Por ejemplo la Mesa dispone de un exceso de coches a su servicio, sus miembros pueden comer e invitar gratis a cualquier persona en el restaurante de la Asamblea, que ya de por sí es barato para todos (en Italia este verano algo parecido fue un escándalo), y junto a los Portavoces de los Grupos disponen de entradas gratis para ir a los toros en Las Ventas. A estos “pequeños” privilegios hay que sumar que, por decisión de la Mesa, los diputados están exentos del impuesto de la renta de las personas físicas en el veinte por ciento de una parte de su salario, porque se considera que se destina a viajes, aunque Madrid es una comunidad que se hace de punta a punta en menos de dos horas y que además tienen una tarjeta para taxis, el abono transporte pagado y autopista de peaje gratis. A lo que hay que añadir que como todos los parlamentarios de España no pagan de su salario la parte de cotización de Seguridad Social correspondiente al trabajador. Así, ambos beneficios suponen para un diputado ingresar al año tres mil quinientos euros netos más que un trabajador normal a igual salario. Por otra parte, en esa misma Asamblea se sientan concejales y alcaldes que ejercen ambas funciones, y que cobran dos salarios de los presupuestos públicos, ya que no hay incompatibilidad entre ellas.
¿Realmente España se puede permitir este sistema institucional? Creo que no. Es necesaria una reforma que adecue las instituciones a la realidad de sus funciones, que deberán ser menores por las competencias que debe recuperar el Estado, y unos políticos con prácticas más sencillas, sin privilegios frente a los ciudadanos. No tenemos mucho tiempo para esas reformas, hemos de empezar ya.
Ramón Marcos
Una opinión crítica muy valiosa, dado el cargo que ocupa el autor.
Desmesuras institucionales:los parlamentos autonómicos
La situación de España es complicada. Hay una profunda crisis económica que, como ya se ha subrayado, está agravada por la crisis política e institucional que padecemos. En este blog se han contado múltiples ejemplos de la deriva autonómica y de los errores que se han producido por tratar de reproducir en cada autonomía un mini estado. Continuando con la serie, voy a exponer otro ejemplo más de los defectos institucionales que nos llevan a ineficiencias y gastos innecesarios: los que afectan a los parlamentos autonómicos, que estoy conociendo en primera persona desde que salí elegido diputado el pasado veintidós de mayo en la Asamblea de Madrid.
La Constitución española previó, para aquellas Comunidades que hubieran accedido a la autonomía bien porque hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y contasen, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía (Cataluña, País Vasco, Galicia) o bien por el procedimiento agravado de su artículo 151 (Andalucía), un sistema institucional completo que incluía una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal. Sin embargo, para el resto de las Comunidades, que accedían por el régimen ordinario, la Asamblea no era un requisito institucional necesario. Pese a lo cual, todas optaron en sus estatutos por tener una, que aunque inicialmente eran sencillas, con la asunción de nuevas competencias, se fueron profesionalizando y asimilando al Congreso de los Diputados en su estructura y funcionamiento.
En principio no habría nada que objetar a ese desarrollo ya que en todos los Estatutos se establecieron competencias legislativas y para ejercerlas es necesario un parlamento. El problema ha sido su desarrollo posterior. Ya se sabe que el órgano hace la función, pero en este caso la función se ha desbordado. Esas Asambleas han pretendido emular a las Cortes Generales y se han puesto a legislar de manera alocada, y con escasa calidad (muchas de sus leyes no dan ni para ordenes ministeriales), dictando miles de normas que han roto el mercado interior y dificultado la libertad de circulación de los trabajadores. Por otra parte, y como símbolo del nuevo poder, han construido hermosos y caros edificios al lado muchas veces del de la diputación provincial o del ayuntamiento, con lo que pequeñas autonomías tienen hasta tres instituciones que mantener con los esforzados impuestos de sus ciudadanos.
Como consecuencia de esa emulación, un diputado de la Asamblea de Madrid cuesta unos doscientos setenta y un mil euros al año, poco menos de lo que cuesta uno en el Congreso de los Diputados, doscientos ochenta mil, a pesar de que la población de Madrid no llega a siete millones de habitantes mientras que la de España supera los cuarenta y seis millones. Claro que hay casos peores, en Cataluña el coste roza los quinientos mil, para siete millones, o en el País Vasco cuatrocientos ochenta mil, para poco más de dos millones. Así, sólo en mantener los parlamentos autonómicos se supera la cifra de cuatrocientos millones de euros al año.
Estos son datos generales que tienen su reflejo en el caso particular de la Asamblea de Madrid. La cual está ubicada en un moderno, pero disfuncional edificio -la acústica del Pleno es desastrosa-, y caro de mantener; y cuenta con un elevado número de personal, alguno ciertamente muy cualificado y eficiente, pero entre el que hay un exceso de eventuales (colocados a dedo), en puestos de escasa justificación salvo para que el Grupo con mayoría en la Mesa (el órgano de gobierno de la Asamblea) pueda repartir puestos de trabajo entre sus afines, y de personal auxiliar con funciones solo entendibles desde una concepción arcaica de la tarea de diputado. En cuanto a su funcionamiento, un botón de muestra de su arbitrariedad, como julio es inhábil según el Estatuto para el trabajo parlamentario, la Mesa decidió habilitarlo a efectos legislativos en junio para dar pruebas de trabajo, sin embargo en septiembre, que es hábil por Ley, no prevé nada relevante salvo la comparecencia de unos consejeros que aún no habían comparecido ante los diputados, a pesar de que han pasado casi cien días desde su nombramiento.
Pero además en la Asamblea de Madrid hay privilegios. Por ejemplo la Mesa dispone de un exceso de coches a su servicio, sus miembros pueden comer e invitar gratis a cualquier persona en el restaurante de la Asamblea, que ya de por sí es barato para todos (en Italia este verano algo parecido fue un escándalo), y junto a los Portavoces de los Grupos disponen de entradas gratis para ir a los toros en Las Ventas. A estos “pequeños” privilegios hay que sumar que, por decisión de la Mesa, los diputados están exentos del impuesto de la renta de las personas físicas en el veinte por ciento de una parte de su salario, porque se considera que se destina a viajes, aunque Madrid es una comunidad que se hace de punta a punta en menos de dos horas y que además tienen una tarjeta para taxis, el abono transporte pagado y autopista de peaje gratis. A lo que hay que añadir que como todos los parlamentarios de España no pagan de su salario la parte de cotización de Seguridad Social correspondiente al trabajador. Así, ambos beneficios suponen para un diputado ingresar al año tres mil quinientos euros netos más que un trabajador normal a igual salario. Por otra parte, en esa misma Asamblea se sientan concejales y alcaldes que ejercen ambas funciones, y que cobran dos salarios de los presupuestos públicos, ya que no hay incompatibilidad entre ellas.
¿Realmente España se puede permitir este sistema institucional? Creo que no. Es necesaria una reforma que adecue las instituciones a la realidad de sus funciones, que deberán ser menores por las competencias que debe recuperar el Estado, y unos políticos con prácticas más sencillas, sin privilegios frente a los ciudadanos. No tenemos mucho tiempo para esas reformas, hemos de empezar ya.
Ramón Marcos
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