Celia Cámara, coordinadora de UPyD en Castilla La Mancha, muestra su preocupación ante la calificación otorgada por la Agencia Moody´s a nuestra Región, que la rebaja en términos crediticios al nivel de “bonos basura”.
Esta grave situación en la que se encuentra nuestra comunidad, provocada por la negligencia del Gobierno de D. José Mª Barreda quedará injustamente impune, por lo que Unión Progreso y Democracia propondrá un cambio legislativo que incluya un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos que causen un perjuicio objetivamente evaluable a los ciudadanos por la adopción de medidas erróneas susceptibles de ser evitadas con la diligencia exigible a su cargo.
José Mª Barreda, al frente de la Junta de Comunidades, consintió un incremento inasumible e inadmisible de la deuda de la Región, manteniendo una estructura administrativa desmedida, una política de gasto desproporcionada con relación a los ingresos, e incluso agravó la situación proponiendo medidas como la conversión en empresa pública de una entidad privada, el aeropuerto de Ciudad Real, con un alto coste, sin suficiente justificación y en momentos en los que la situación era ya muy grave ante las cifras de déficit. Un aeropuerto del que hoy sigue negando el Sr. Barreda que formará parte de una operación especulativa, cuando todo indica que no era sino una pieza clave del sueño delirante de un grupo de empresarios de convertir al entorno de Ciudad Real en una sucursal de Las Vegas.
UPyD considera vergonzoso que D. José Mª Barreda y otros cargos de su Gobierno, a pesar de la evidente muestra de incompetencia, sigan pretendiendo representar a los castellano manchegos en el Congreso de los Diputados, y se presenten como magníficos gestores de lo que en realidad es una ruina que nos equipara a los países del cono sur americano.
Celia Cámara afirma que es el momento de mostrar que la actividad política puede y debe realizarse desde la honradez, la ausencia de privilegios especiales y la competencia, para lo que es imprescindible el control judicial sobre las actuaciones de los cargos públicos quienes deben ser conscientes de que no todo vale en su gestión y que se debe asumir con la debida responsabilidad.
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