Estamos acostumbrados a que las propuestas de reformas que llevamos en programas y postulamos desde hace años, sean copiadas, en algunos casos para dejarlas en el cajón y en otras para hacer una copia mala, incompleta o insuficiente como es el caso. Esto es como pillarte una chuleta en un examen y que sea con respuestas incorrectas o incompletas. Suspenso.
25 de Enero de 2012.
El anuncio del Gobierno de recuperar la fórmula de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial anterior a 1985, es una reforma en la buena dirección, pero incompleta, para asegurar la imprescindible separación de poderes. La politización de la Justicia es uno de los más graves males que aquejan a la democracia española, y ha tenido como resultado la subordinación de la independencia de jueces y magistrados a consideraciones de tipo político con el fin de ascender en la carrera, como denunciaba hace apenas unos días Transparencia Internacional. A su vez, esta situación ha repercutido muy negativamente en la opinión que la ciudadanía ha tenido y tiene del poder judicial, al comprobar que algunas sentencias se explicaban más por la composición del tribunal y por los intereses políticos del momento que por razones legales. Es difícil que los españoles crean en la voluntad de los poderes públicos de luchar contra la corrupción, o incluso contra el terrorismo, si asisten un día sí y otro también a la intromisión de los partidos en asuntos que sólo deberían ser competencia de los tribunales.
La medida anunciada por la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se limita a volver a la situación existente antes de que otro Vicepresidente, Alfonso Guerra, enterrara la separación de poderes en 1985 bajo el epitafio “Montesquieu ha muerto”. Desde entonces, ningún gobierno, ni socialista ni popular, ha tenido la voluntad política de resucitar al difunto. Es, por tanto, un buen paso, aunque demasiado tímido. Unión Progreso y Democracia llevó en su programa electoral una reforma más profunda que permitiera intervenir en la composición del CGPJ a otras ramas del ámbito judicial: secretarios judiciales, fiscales y abogados, que elegirían a algunos de los miembros del órgano (tres, tres y dos respectivamente). Cuatro vocales serían elegidos por los propios jueces, y el Congreso y el Senado mantendrían su prerrogativa constitucional de nombrar a otros cuatro miembros cada uno. Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso, presentó en la anterior legislatura una proposición de ley con esta reforma que sirvió para recuperar un debate hasta entonces adormecido. Pero las propuestas del partido magenta no se limitan al CGPJ, sino que pretenden despolitizar también el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, instituciones profundamente cuestionadas.
Sería deseable que el Gobierno no se detuviera aquí en su reforma del Poder Judicial, ya que su independencia no se garantiza sólo con la medida tomada, sino que exige mayor determinación y nuevas iniciativas. No habrá regeneración democrática en España sin un poder judicial con su independencia garantizada por ley. El Fiscal General del Estado no puede seguir siendo visto como un “fontanero” judicial al servicio del partido en el gobierno. Sus decisiones podrán ser polémicas, pero nunca deberán ser previsibles a la luz de los intereses políticos. Del mismo modo, el sentido de una sentencia del TC no debería adivinarse con sólo contar los magistrados que se alinean en un equipo o en otro. El desbloqueo de las negociaciones para la renovación de la máxima instancia judicial anunciada por Santamaría no es una buena noticia. La buena noticia sería que no fuera necesaria negociación alguna.
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