Celia Cámara, coordinadora regional de UPyD Castilla La Mancha
28 de Octubre de 2012
UPyD considera que
las actuaciones de la Junta en materia de política social, en general, y de
Servicios Sociales, en particular, concretadas en recortes presupuestarios,
desmantelamiento de servicios, despido de profesionales de la intervención
social y, por último, en la intención de imponer una tasa a los ciudadanos
dependientes y discapacitados que pretendan revisar su situación en el
ejercicio de sus invulnerables derechos, quebrantan la calidad de la protección
social, atentan contra la dignidad de todos estos ciudadanos, restringen el
ejercicio de las prestaciones sociales reconocidas en nuestro Estado de
Bienestar y, con toda esta carta de injusticias, además de impedir la práctica
de una ciudadanía activa, está amenazando la equidad y la cohesión social
castellano-manchega.
La ejecutiva regional de UPyD ha analizado el
último viernes los efectos que la crisis económica española está provocando
cada vez más en la cohesión social de nuestro país, que se ve agudizada en
Castilla-La Mancha, como consecuencia del paulatino aumento del
desempleo, del trabajo temporal y del reajuste
de la protección social, que ha tenido que hacer frente a la caída de
ingresos.
El aumento de la brecha social
es un fenómeno global sobre el que la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) encendió las alarmas a finales del año pasado: la distancia
entre ricos y pobres se encontraba en 2008 (últimos datos analizados)
en el nivel más alto de los últimos 30 años debido sobre todo a la cada vez
mayor diferencia salarial. No se trata siempre de una consecuencia de las
crisis, las desigualdades también crecen en la bonanza debido, según el
organismo, a que desde mediados de los 90 las políticas correctoras como los
impuestos y los servicios sociales han perdido poder de redistribución de
riqueza. La acción política del Gobierno de Cospedal vuelve a ser un ejemplo
agudizado del incremento de la distancia entre ricos y pobres.
El 21,1 % de la población española se encuentra
por debajo del umbral de pobreza, frente al 21,8 % de 2011, un
descenso de siete décimas que se explica por el efecto de la
estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años, pese a la reducción de
los percibidos por el resto de la población. La tasa de pobreza de
quienes tienen entre 16 y 64 años ha crecido hasta el 21 % desde
el 19,4 % de 2011, al tiempo que uno de cada cuatro menores de 16 años se
encuentra por debajo del umbral de pobreza y los ingresos medios anuales de un
hogar español se reducen a 24.609 euros, tras caer el 1,9 %. Castilla-La Mancha
es la cuarta Comunidad autónoma con los problemas más graves de pobreza;
uno de cada tres castellano-manchegos (el 31,7%) vive bajo el soportal de la
pobreza, que se ha incrementado en casi un 2% el último año. Estos datos forman
parte de la encuesta de Condiciones de Vida difundida el 22 de octubre de 2012
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual el 12,7 % de los
hogares españoles llega a fin de mes con "mucha dificultad", frente
al 9,8 % de 2011.
La formación magenta ha hecho referencia, en
concreto, a algunos ejemplos clarificadores de la reducción presupuestaria de
la Junta de Comunidades en 2013 en la financiación de los servicios públicos
respecto a la existente en los presupuestos del presente año, como son la disminución
de más del 60% en Programas Sociales Básicos (lo que supone un
descenso de casi sesenta millones de euros); sin poder obviar tampoco la reducción
de más de 3 millones de euros en los gastos destinados a la atención y
tutela de menores. UPyD es consciente de una máxima que el Gobierno de
Cospedal está dejando de lado, y que, sin embargo, el Día Internacional de
Lucha contra la Pobreza realizó el sábado 20 de octubre, durante el espacio que
reservó para reflexionar, compartir y buscar soluciones entre todos a las
consecuencias de la crisis: “en tiempos de crisis es lógico que haya
recortes, pero nunca se deben hacer en Servicios Sociales".
Para Celia Cámara, coordinadora regional de UPyD,
los numerosos ejemplos que la paulatina limitación en la financiación de
Servicios Sociales demuestran por parte de la Junta, derivando en un “ajusticidio”
de las personas y los hogares más necesitados de Castilla-La Mancha, son una
clara evidencia de la falta de compromiso del Gobierno de
Cospedal con lo público y certifican de hecho sus intenciones
de desmantelar los servicios públicos e ir hacia una privatización progresiva
de los mismos. Una palpable demostración de hallarse muy alejado
de sostener el Estado Social –y democrático- de Derecho que
nuestra Constitución reconoce, con el fin de fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel
de vida necesario de cualquier ciudadano y
para que pueda participar éste como miembro pleno en la sociedad.
La formación política ha criticado también que el
Proyecto de Presupuestos para 2013 deje desprotegidos a los más
vulnerables, al omitir partidas que afectan de manera
significativa a la atención de personas en situación de exclusión social, con
necesidades de vivienda, desempleadas sin prestaciones o minorías étnicas.
Volviendo su acción de gobierno a un débil asistencialismo puro,
en su modelo más contrastado.
Por último, Cámara ha indicado que, como
consecuencia de todo lo anterior, el Parlamento regional debata una moción que
solicite del Ejecutivo regional la creación de un Fondo Autonómico de
Emergencia para las Familias en situación de pobreza y exclusión social,
con una dotación para 2013 de 75 millones de euros, que permita dotar a los
ayuntamientos de fondos que les permitan la prestación de servicios educativos,
de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y los
derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y
reinserción social, aumentando especialmente la eficacia del apoyo a la
infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.
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