miércoles, 17 de octubre de 2012

Por una democracia de calidad

Si los ciudadanos perciben que los partidos políticos consideran que la democracia es meramente votar y que el control sobre las instituciones se limita a ir a las urnas cada cuatro años, con un sistema electoral que pervierte el sistema de participación y sanciona un principio tan antidemocrático como el que el voto de los ciudadanos no vale lo mismo ni a la hora de elegir ni a la hora de ser elegido, lo que se produce es un divorcio entre la ciudadanía y la política que termina afectando gravemente a las propias instituciones democráticas.


Como se ve el desapego entre ciudadanía y política, partidos políticos y políticos, no es un mal únicamente español. Pero esa constatación no debiera tranquilizarnos, sino todo lo contrario. La política es inseparable de la democracia, y los partidos políticos son un instrumento imprescindible para la participación en la vida política y para la composición de las instituciones democráticas representativas. Así pues lo que urge y impulsar las reformas de regeneración democrática que devuelvan a los ciudadanos el control sobre la política, sobre los partidos políticos, sobre los políticos y, en suma, sobre las instituciones.
Algunas de esas medidas han sido planteadas por UPyD desde el mismo momento en que nacimos; todas ellas han merecido el rechazo unánime del resto de partidos políticos, acomodados en un sistema poco representativo, injusto y que aleja a los ciudadanos pero que les permite mantener el poder el régimen de alternancia. Algunos ejemplos de esas iniciativas son los siguientes:
- Reforma de la Ley Electoral, para garantizar el derecho de elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. En el Congreso fue rechazada (por tres veces) con los votos en contra de todos, salvo de IU, si bien esta formación política luego no impulsa la reforma en los lugares en los que es clave, como por ejemplo Andalucía, y prefiere carteras en el gobierno antes que reformas que garanticen la igualdad.
- Supresión de privilegios de los políticos y ex altos cargos. Lo hemos presentado en el Parlamento Vasco, en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid. Hemos conseguido siempre la unanimidad: todos en contra
- Racionalización y transparencia en los sueldos de todos los cargos públicos de España. Ley nacional que establezca los criterios y el baremo y que impida que ningún cargo público perciba un salario superior al del Presidente del Gobierno. Todos en contra; la última vez, el 25S en el Congreso de los Diputados.
- Ley de Transparencia: hemos presentado una enmienda a la Totalidad, entre otras cosas porque deja fuera de su ámbito de aplicación a la Casa Real, Partidos Políticos y Sindicatos.
- Reforma del Código Penal y de la Loreg para que los acusados por delitos contra la administración Pública no puedan ir en listas electorales y deban dimitir inmediatamente si la acusación (juicio oral abierto) se produce cuando ya es cargo electo. Todos en contra. Cuando digo todos, son todos: PP. PSOE, IU, y nacionalistas varios.
Son sólo algunos ejemplos de por donde han de ir las cosas. Y son, todos ellos, requisitos imprescindibles para recuperar la confianza de los ciudadanos y construir una democracia de calidad.

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