La hora del 155: Techo de gasto y elección entre el actual modelo territorial del Estado o el Estado de bienestar

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Rosa Díez:
Artículo 155 de la Constitución Española de 1978
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
En esta situación extraordinaria por la que atraviesa España, se requiere unidad de acción y unidad de dirección. No es suficiente con cumplir el objetivo de déficit a nivel nacional, con que lo cumpla el Gobierno de la Nación y con que lo cumplan las CCAA y los Ayuntamientos. El cuánto es importante (cuánto nos endeudamos, cuánto crecemos o decrecemos, cuánto nos cuesta la deuda, cuánto nos costará empezar a recuperar empleo y crecimiento económico…) pero también es importante el qué. En qué reducimos gastos, en qué incrementamos ingresos.
Por eso, a la hora de juzgar el techo de gasto que nos propone el Gobierno, hemos de pensar en ambos conceptos. Empezando por los números, hemos de decir que nos parecen irreales: no se corresponden con la evolución de nuestra economía en lo que va de año ni con las previsiones de los organismos nacionales e internacionales, públicos y privados al respecto. Tampoco se corresponden con la evolución de la deuda, del paro y de los mercados tras las reformas adoptadas.
Respecto de cómo cuadrar los números, tras varios meses de gobierno del PP y tras varias medidas que han supuesto importantes recortes en los sectores más sensibles de nuestra economía (educación, investigación, infraestructuras) además de duros recortes de servicios y derechos esenciales (dependencia, sanidad, prestaciones por desempleo, salarios de los funcionarios…), estamos en situación de poder afirmar que la opción elegida por el Gobierno de Rajoy para cuadrar el déficit no solo es injusta sino inútil.
El qué resulta tan importante que ha sido determinante para que UPyD fije su posición contraria a avalar este techo de gasto. Las reformas del Gobierno han traído más desigualdad y menos cohesión entre ciudadanos y territorios, y no han contribuido a mejorar nuestras cifras macroeconómicas ni a que España recupere la confianza como país. El Gobierno ha optado por subir impuestos, contra las familias que viven de una nómina y contra el consumo (IRPF más IVA) a la vez que amnistiaba a los defraudadores, no daba instrumentos a la Agencia Tributaria para perseguir las grandes bolsas de fraude (más de 70.000 millones de euros no recaudados al año), mantenía al 1% la fiscalidad de las SICAV o consolidaba una profunda desigualdad en la presión fiscal sobre las rentas del capital respecto de las rentas del trabajo.
Añadamos a eso que los recortes van sobre los derechos de los más débiles, parados, dependientes… O sobre los que resulta más fácil, pues su nómina depende directamente del Estado y basta con cambiar unos números en el BOE, sin pensar en las consecuencias que tales decisiones tienen no sólo para los trabajadores sino para el servicio público que prestan.
Sin embargo, el Gobierno no ha tenido el coraje y la visión de Estado para meter la tijera donde está lo verdaderamente superfluo, que lastra nuestro crecimiento e impide la recuperación de nuestra economía: la estructura del modelo territorial del Estado. Adelgazar la estructura no es disminuir en un 30% el número de concejales (en municipios pequeños, precisamente en aquéllos que no cobran salario alguno) para mantener ayuntamientos sin competencias y justificar el mantenimiento del las Diputaciones. Con el plan del PP, los ciudadanos eligen concejales, que lo serán sin competencias, en pequeños ayuntamientos que necesitarán de las Diputaciones (cuyos cargos son elegidos directamente por los partidos políticos) para poder sobrevivir. Lo único que sobrevive con estas decisiones es la estructura de los partidos políticos, la partitocracia, que sustituye a velocidad vertiginosa a la democracia.
La regeneración democrática requieres de otras decisiones La reforma que necesita España es drástica y radical: fusión de Ayuntamiento, adaptados a un tamaño que garantice la prestación de los servicios públicos en condiciones de eficacia y eficiencia (ahorraríamos al año entre 6.000 y 15.000 millones de euros, según el tamaño que adoptáramos), supresión de las Diputaciones (sus competencias residuales ya no podrían ser justificadas), eliminación de duplicidades entre instituciones, supresión de la mayor parte del las sociedades públicas o fundaciones (más de 6.000 en este momento…). Lo que España necesita es la refundación del Estado para soltar lastre antes de que el barco se hunda.
Para eso se requiere una voluntad política que no demuestra el PP, y ambición de país que no vemos por ninguna parte. Lamentablemente, este gobierno sigue parcheando, sin atreverse a iniciar la cirugía mayor que España necesita.
La siguiente cuestión es el rescate a las Comunidades Autónomas. ¿Es verosímil que arreglen el desaguisado quienes lo han provocado? ¿Pueden las CCAA que se han endeudado por encima de sus posibilidades, que han montado y mantenido estructuras institucionales ajenas al interés general, deshacer el entramado que las ha llevado a la quiebra?
Desde UPyD creemos que ha pasado el tiempo del Real Decreto que se aprobó la semana pasada para dar liquidez a las CCAA. Me parece que lo que toca es una intervención completa aplicando el artículo 155 de la Constitución. Esas CCAA no pueden gobernadas por los mismos que las han llevado a la ruina. El caso de Valencia y Murcia es de libro; en otros quizás la intervención debería ser menor. Pero lo esencial es que las órdenes a las autoridades de las CCAA las dé el Gobierno del Estado.
Pensamos que es la única posibilidad de hacer bien las cosas, siguiendo y respetando el orden constitucional. Como dije antes, estamos ante una situación extraordinaria del país, que exige unidad de dirección y un claro compromiso político para el mantenimiento de los servicios esenciales y para suprimir todo lo superfluo. Esto hay que hacerlo antes de ver qué cambios constitucionales son precisos para lograr un Estado eficaz. Es imprescindible que el Estado piense en el mantenimiento de esos servicios esenciales en condiciones de igualdad para todos los españoles. Sólo será posible bajo una clara dirección común con poder de actuar directamente sobre las administraciones responsables. Si no lo hacemos así, seguiremos vamos al sálvese quien pueda, que es la condena de todos.